Este artículo está segmentado en tres partes en otras tantas entradas del blog. Por razones de operatividad, me interesa crear un artículo completo con las tres partes (Internacional, Nacional y Economía), explicando estas tres cuestiones de la Guerra de Libia en un artículo refundido. Este artículo se encuentra disponible en audio.
I. Internacional.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los estados del mundo ratificaron o se adhirieron a la Carta de las Naciones Unidas. En su artículo 2.4 los “Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstenían de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, obligándose al arreglo pacífico de las controversias.
El uso de la fuerza sólo se permite en unos pocos casos, como la legítima defensa:
Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.
Sin embargo, la investigación de controversias, la determinación de la amenaza para la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión es monopolio del Consejo de Seguridad, que lo ejerce con las normas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 39
El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresion y hará recomendaciones o decidirá que medidas seran tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer 1a paz y la seguridad internacionales.
Artículo 40
A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzgue necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisionales.
Artículo 41
El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.
Artículo 42
Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas
La resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU no determina la amenaza para la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión por parte de Libia. En sus considerandos sólamente hay una preocupación por la violación de derechos humanos. Esto supone que la investigación no obedece a las relaciones internacionales de Libia, sino a cuestiones internas. Aunque no haya una determinación de amenaza o quebranto de la paz o acto de agresión, el Consejo de Seguridad establece algunas medidas. La más llamativa se encuentra en la autorización 4:
Autoriza a los Estados Miembros que hayan notificado previamente al Secretario General a que, actuando a título nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos regionales y en cooperación con el Secretario General, adopten todas las medidas necesarias, pese a lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolución 1970 (2011), para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque en la Jamahiriya Árabe Libia, incluida Benghazi, aunque excluyendo el uso de una fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio, y solicita a los Estados Miembros interesados que informen al Secretario General de inmediato de las medidas que adopten en virtud de la autorización otorgada en este párrafo, que serán transmitidas inmediatamente al Consejo de Seguridad.
Se produce la extrapolación de las normas de mantenimiento de la paz a otras situaciones (protección de civiles) y algunas naciones con fuerza en el Consejo de Seguridad alcanzan permiso, a regañadientes de algunas otras, para una intervención en asuntos internos de un país. Es uno de esos casos en los que la comunidad internacional, impulsada por los intereses opacos de algunas naciones, quieren extender las posibilidades de intervención en la política interna. Fuerzan las posibilidades que ofrece la norma que aplican.
No digo que no se pueda incluir el principio de legitimación de acciones de carácter humanitario, pero sí manifiesto que actualmente no se puede hacer uso de ese argumento dentro de la Carta. La Asamblea General en su Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 ha dado pasos en ese sentido, pero una decisión tan importante como permitir el uso de la fuerza internacional no puede sostenerse sobre una resolución de la Asamblea, que no son tomadas en serio por las grandes potencias y nunca han sido consideradas como fuente del Derecho Internacional, más simbólicas que imperativas, sino con una reforma de la Carta, un tratado multilateral. Se corre el riesgo de establecer la costumbre internacional abusando de este principio, al servicio de las potencias. El principio de “responsabilidad de proteger” se convierte en el nuevo gran peligro para los pueblos empobrecidos que no permitan el sometimiento de las grandes potencias. Cuando Bush, Blair, Aznar y otros hicieron la guerra de Irak todavía no tenían este argumento tan bien definido y tuvieron que inventar la excusa del peligro del régimen irakí por la posesión de armas destructivas o los vínculos con el terrorismo islámico, que sirvio de pretexto en Afganistán. Un gran pacifista como Zapatero, un defensor de la alianza de las civilizaciones, un protector de los pueblos débiles moralmente no debería consentirse el arrimo a los más fuertes en una guerra justificada con este peregrino razonamiento.
Responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana.139. La comunidad internacional, por conducto de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por conducto del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si se demuestra que los medios pacíficos son inadecuados y que las autoridades nacionales no protegen manifiestamente a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Destacamos la necesidad de que la Asamblea General siga examinando la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad y las consecuencias, teniendo en cuenta los principios de la Carta y el derecho internacional. También tenemos la intención de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado, a ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se encuentren en situaciones de tensión antes de que estallen las crisis y los conflictos.
Sólo quiero expresar por ahora que la autorización de la resolución 1973 era contraria a la norma en la que se cobija. Quede dicho que por supuesto no hay instancia de control de estas decisiones.
Después de expresar esto hay que valorar ya no la legalidad de la decisión, negativa, sino la ejecución. En este sentido, es notorio el desvío que la guerra tuvo de la razón por la que se autorizaba. Tantas operaciones de las fuerza militares occidentales nos dan indicios de que se han extralimitado abismalmente del propósito de la autorización. No se ha hecho una defensa de los derechos humanos de los civiles; se ha dado un apoyo definitivo a un bando en una guerra civil; se ha derrocado un gobierno.
En la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea de la ONU se afirma que “todo estado tiene el deber de abstenerse de organizar o fomentar la organización de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluídos los mercenarios, para hacer incursiones en el territorio de otro estado”. Encaja bastante con lo ocurrido. La potencias occidentales han fomentado fuerzas irregulares o bandas armadas y las han apoyado en una guerra contra el gobierno libio; mientras eso hacía no tenían cobertura de la resolución que no tenía amparo en la Carta.
Me salgo un poco del Derecho Internacional para opinar más suelto. Hay artículos muy buenos que explican que no había tales matanzas de civiles, que narran el desarrollo mortífero de la guerra, que describen el reparto de los recursos libios. es muy recomendable la colección de Pepe Escobar. En resumen explica como la alianza de potencias occidentales (OTAN), las naciones árabes amigas de las potencias apoyan a un foco de rebeldía contra el régimen de Gadaffí. Este grupo se va nutriendo de muchos componentes, a veces contradictorios entre sí: como las potencias occidentales y elementos de Al-Qaeda. Detrás de esta confluencia hay un interés mezquino por el petróleo, el gas, las reservas financieras, el agua, la influencia política y militar, … En esos aspectos no puedo aportar nada a lo que ellos han escrito. Por eso he ido a cuestiones en las que mi conocimiento puede contribuir en identificar la ilegalidad e injusticia de esta guerra.
Ha sido una guerra imperialista de las potencias occidentales para imponer su influencia política en una región, para orientar hacia empresas petroleras propias la explotación de yacimientos, para tener contentos a los fabricantes de armas, para asentar bases militares, … Quizá dentro de dos décadas haya que hacer una nueva guerra en Libia porque los gobiernos-títere de occidente con el paso del tiempo suelen morder la mano que les ha dado de comer. “Las guerras son monstruos grandes y pisan fuerte toda la pobre inocencia de la gente”: han muerto miles de personas, han acabado con las infraestructuras sociales del país con el índice de desarrollo humano más alto de todo África (puesto 53; Túnez es segunda, 81).
II. Nacional
Zapatero se hizo Secretario General de su partido en 2000, prueba de que el efecto2000 sí tuvo algunos efectos nocivos. No ganó con los votos de Izquierda Socialista, los socialistas que intentan mantener la cordura en un partido que le ha vendido el alma al capitalismo. Ganó con el voto de los balbases. Los balbases eran el grupo de “socialistas” identificados con el urbanismo especulativo. Fueron también los que en 2003 impidiero que PSOE-PSM e IU desplazaran a Esperanza Aguirre del poder.
Zapatero vio su opción de alcanzar la ansiada Moncloa impulsándose en la protesta social. Por eso se subió al carro de la huelga general contra decretazos laborales semejantes a los aprobados en el último año por él, a las manifestaciones contra la LOU, a la indignación contra el Prestige y, sobre todo, al NO A LA GUERRA.
Durante los dos primeros años de su gobierno le duró la gratitud. Ahí se le vieron algunas decisiones que podían despistar. Pero a partir del tercer año ya hizo la reforma regresiva en los impuestos, un aviso a navegantes. Una de cal y otra de arena. Dos años de socioliberalismo: que no recupera el banquete que le pagamos a los ricos, pero que deja caer algunas migajas de la mesa. Por fin llegó el momento en el que su naturaleza sale a relucir. Con la crisis no tiene cama para tanta gente; alguien tiene que dormir fuera; decide que lo mejor es dejar sin cama a los nadies.
Hemos comprobado como hacía todo lo que había condenado: abusar del decreto-ley, hacer reformazos laborales, privatizar, … La guerra de Libia significó arrancarse otras de las caretas tras las que escondió en su ascención que su alma estaba en venta, sin necesidad de grandes pujas, aunque fuera del alcance de las posibilidades de los humildes.
El mayor pacifista de la Historia de la Humanidad colaboró en el emprendimiento de una guerra, como comparsa de líderes a los que debe algo. Justifica la acción en la protección de derechos humanos de los libios, masacrados en su versión, pero también en la democratización de Libia, una excusa de guerras internacionales que no es nueva, pero que sigue fuera de las fuentes del derecho internacional público.
La responsabilidad de proteger consiste en que si un Estado no cumple con la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, la comunidad internacional debe intervenir para asumirla. Es un principio humanitario, la razón por la que estamos interviniendo en Libia, para defender a los ciudadanos de ataques de las propias fuerzas libias.La Resolución 1973 insiste también en el objetivo de encontrar una solución a la crisis de Libia que responda a las legítimas demandas del pueblo de ese país. Hay que situar además esta decisión de la comunidad internacional en un contexto histórico concreto, que se ha calificado de primavera árabe en relación con la situación en el norte de África. Es la apertura de una nueva etapa política en el Mediterráneo que la sociedad española sigue con atención y con esperanza.
Uno de los párrafos con mayor demostración con el transcurso del tiempo ha sido el de negar la expulsión de Gadafi del poder, como alertaba la izquierda.
La Resolución 1973, señorías, no pretendía, ni pretende, la expulsión del coronel Gadafi del gobierno de Libia. Su objetivo era advertir al coronel Gadafi y a las autoridades libias de que dejase de usar las armas contra su pueblo, de que si no lo hacía así la comunidad internacional estaba dispuesta a usar la fuerza para poner fin a los asesinatos de su pueblo. Era un compromiso firme. La Resolución 1973 nos obliga a todos los Estados miembros de Naciones Unidas y muchos de ellos, como se ha visto, estábamos y estamos dispuestos a cumplir esta obligación. Hasta ahora, hasta este momento, tres días después del inicio de la operación, ha surtido efecto.Parece que se han detenido los ataques indiscriminados y eventualmente se ha producido algún repliegue de las fuerzas armadas del régimen libio. Pero el mensaje sigue siendo a día de hoy el mismo: mientras exista el riesgo de que el régimen libio vuelva a atacar a su pueblo se aplicará la fuerza necesaria para impedirlo.
Contrasta totalmente con su declaraciones desvergonzadas y sin maquillaje del 1 de septiembre en la Conferencia de París sobre la nueva Libia: “Creo que la tarea que se ha hecho en estos meses desde la aprobación de la Resolución de la ONU para provocar y forzar el cambio de régimen de Gadaffi hacia un país en libertad ha sido muy positiva“. El presidente confiesa la ilegalidad de la guerra.
Sólo dos años antes de la guerra España intentaba abrir líneas de negocio, en lo que se involucraban vergonzosamente las instituciones, con la Libia de Gadaffi, incluso armas, durante largo tiempo estigmatizada:
Lo importante es cobrar algo y hacer negocios. Para eso acompañan al Rey 15 directivos de empresas como Abengoa, OHL, Indra, Técnicas Reunidas o Iberinco (grupo Iberdrola). Y entre todos, Antoni Brufau, presidente de Repsol, al que Gaddafi puso en la picota el miércoles al amagar con nacionalizar del petróleo. Tras las garantías recibidas del Gobierno libio, a Brufau se le veía ayer muy tranquilo.
Por ejemplo, Repsol reconoció que durante los tres primeros meses de guerra había perdida la extracción de 250 millones de euros. es decir que en la situación anterior a la guerra produciría-exportaría unos mil millones de euros de petróleo libio.
Seguramente descubrieron que el negocio sería más lucrativo cambiando el gobierno, aunque ello tuviese un coste de inversión bélica, unos setenta millones de euros, más de catorce al mes, que pagaremos todos los españoles. Cada español ha puesto casi dos euros para mejorar el negocio a esas empresas a costa de matar a miles de personas y de destruir las infraestructuras del país africano con el mayor índice de desarrollo humano, antes de la Guerra.
La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional fue aprobada cuando todavía Zapatero y el PSOE representaban al papel de adalides globales de la paz. En cuanto al control parlamentario de las misiones de las fuerzas armadas establecen unas normas de procedimiento y otra materiales. En cuanto a las materiales, el artículo 19 establece las condiciones:
Para que las Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, se deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco de sus respectivas competencias.
- Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.
- Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidasy que no contradigan o vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha incorporado a su ordenamiento, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución.
En lo que se ha visto en esta trilogía, el derrocamiento no estaba cobijado en resolución del Consejo de Seguridad alguna y, como se expuso en el artículo de la orientación internacional de la cuestión, el Documento Final de la Cumbre de Mundial de 2005, aprobado en Resolución de la Asamblea General de la ONU, no forma parte de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que la misión (guerra) autorizada por el Congreso de Diputado no tiene soporte. Esta colaboración con las potencias colonialistas podrían constituir delito de lesa humanidad, del artículo 607 del Código Penal.
III. Economía
Además del valor económico del petróleo de Libia, el dominio del país norteafricano interesará por las razones políticas de siempre, tener un gobierno afín en la zona que acepte influencias imperiales. La ubicación en su territorio de bases militares para las guerras de neocolonialismo que el futuro ponga en el punto de mira siempre es otra razón positiva para la conquista, directa o por interposición de gobiernos serviles. Pero vamos a fijarnos sobre todo en el valor de la maldición negra:
Según la Central Intellingense Agency (CIA), se estimaba a Libia una producción diaria de 1.700.000 barriles de petróleo al día en 2009. Les reconozco que no he visto un barril de esos en toda mi vida, pero he descubierto que contienen 159 litros. Cada barril de esos, cuesta 114 euros si es Brent, aunque hay otros estándares de barriles como el West Texas Intermediate (WTI) a 88 dólares. Cada litro de crudo sale por menos de un euro.
Si multiplicamos 365 días de producción, por la producción diaria, por el precio, me resulta la cifra de 70.737 millones de dólares anuales. 49.506 millones de euros. Una cantidad interesante, cercana al déficit público español, más o menos lo que se ahorran los ricos españoles con el sistema fiscal regresivo y tolerante con el fraude.
El 1 de enero de 2011 se le atribuían unas reservas de 46,999,998,464 barriles. Si dividimos estas reservas entre la producción diaria nos dan 27.647 días de producción, que son más de 75 años de negocio multimillonario.
Al petróleo hay que sumarle la producción de gas natural y el agua, después de unas grandes obras hidráulicas. Además, se considera que las exportaciones de petróleo durante muchos años le han dejado unas enormes reservas de oro y divisas, cuatro veces más que España, que tiene unas balanzas corrientes muy negativas.
Libia es tres veces más grande que España, pero tiene sólo seis millones y medio de población. Su densidad de población es muy baja.
Teniendo en cuenta estos datos parece muy creíble la versión crítica sobre la guerra a Libia. Una guerra de aliados (facciones interna, potencias occidentales y sus grandes empresas, sectores árabes hermanados con las potencias occidentales) contra el régimen de Gadafí por un preciado botín, donde pierden siempre el pueblo.
Además del negocio de los recursos naturales, ya en la Conferencia de París del 1 de septiembre de 2011 aparecieron las tensiones entre los países y compañías petroleras, toda guerra tiene dos negocios: el destructor (armamento) y el reconstructor. En cuanto a las armas, los dos bandos usaron armas occidentales, pues la industria armamentística occidental siempre ha sido hipócritamente puntera. En los cinco años anteriores Europa vendió 900 millones de armas a Libia (Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y otros, entre los que se encuentra una España que abría una línea de negocio).
Por el lado occidental, puede calcularse en miles los millones. España calculó su gasto militar mensual en catorce millones. En cinco meses son setenta millones. Francia gastó unos cuarenta millones mensuales, 200 en total. El Reino Unido, más de cuarenta millones mensuales, más de 200 en cinco meses. Unos quinientos millones de EEUU. Las aportaciones petro-generosas de los países árabes aliados con las potencias occidentales.
Finalmente, también se escucha hablar el desbloqueo de fondos libios retenidos en el extranjeros para acometer la reconstrucción. Teniendo en cuenta la potencia de las constructoras españolas, entrenadas en los años de burbuja inmobiliaria, allí concurrirán para la infraestructuración de un país arruinado.
Los pueblos ponen vidas y dramas humanos, mientras que las grandes empresas del petróleo, las armas, la reconstrucción obtienen grandes negocios. Como decía Galeano, agradecería que nunca me democratizaran: “Please, don´t save me!”.
Atrevete a pensar 